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INICIO OPINIÓN     Viernes, 24 • Diciembre • 2010

El rumor de un pregonar

Se buscan Magistrados para Yucatán


"Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez"

Francisco de Quevedo, escritor español

Proverbia.net
 
 
 
 

El Abogado Ángel Francisco Prieto Méndez dejó de ser desde hace unas semanas presidente y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Según su historia de vida plasmada en la página de Internet de dicho tribunal, el ahora ex magistrado hizo sus pininos en el ámbito judicial como escribiente meritorio en el Juzgado Tercero de lo Civil y Hacienda del Primer Departamento Judicial del Estado en el año de 1969 y de ahí llegó a ocupar la plaza de secretario de juzgado, quedando formal y laboralmente desligado del Poder Judicial local desde el año de 1977. Realizó diversas funciones públicas en los otros Poderes yucatecos, hasta que por el impulso del extinto gobernado Víctor Cervera Pacheco llegó a la magistratura en el 2001. Más que Vox populi, la muy cercana vinculación de Prieto Méndez con el Partido Revolucionario Institucional es cosa probada de manera fehaciente, simple y sencillamente por la lectura a detalle de su currículo vitae.

El que un juez, magistrado o ministro tengan filiación partidista no es impedimento legal para el desempeño del cargo y en el caso de la Constitución Política del Estado de Yucatán, su vigente Artículo 66 no hace imposible, incluso, que algún dirigente político pueda desempeñarse como supremo juzgador. Esta es una aplicación de la Garantía de Igualdad inserta en el Numeral 1º de la Constitución Federal. Cosa distinta y donde se establece la excepción a la igualdad absoluta, es decir, la equidad, radica en la competencia, profesionalismo, experiencia e independencia que una persona, en la especie un abogado, debe poseer para cumplir con el perfil de magistrado. He aquí en donde los pagos de favores y demás aristas a la idoneidad de la figura del juez, magistrado o ministro se presentan como carga negativa de los candidatos en cuestión.

Los últimos magistrados yucatecos nombrados en el tribunal precitado, Adda Lucelly Cámara Vallejos y Marcos Alejandro Celis Quintal no eran en absoluto pertenecientes al Poder Judicial del Estado ni lo fueron de manera suficiente en el pasado. No obstante esto han podido sacar a flote su encargo, se supone que gracias a su base académica como la que posee su actual presidente, Celis Quintal. Pero la cosa no acaba ahí, ya que si se analiza a detalle el pretérito profesional de los demás magistrados se observa que pocos de los restantes gozaban de una sólida trayectoria profesional en dicho poder, o en su similar del ámbito federal o de otras entidades, antes de ser investidos como sus máximos dirigentes.

Es así que con base en las Cartas Políticas nacional y yucateca y de lo que históricamente representa la figura del juzgador, se requiere que los próximos magistrados que se nombren, sino no todos sí la mayoría, tengan carrera judicial para equilibrar el perfil de los miembros del tribunal. Lo anterior es por justicia laboral y honoraria para los impartidores de justicia locales, e incluso los federales radicados en la entidad, a fin de fortalecer autónoma e independientemente al tribual respecto de los otros poderes legales y fácticos, tal y como lo dijo el propio ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en su último discurso como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Dicho lo anterior y con fundamento en la aún vigente Constitución de Yucatán, la cual no le otorga al titular del Ejecutivo la exclusividad de presentar candidatos a dichas magistraturas, ejerzo mis derechos de petición, expresión y libre manifestación de ideas para proponer a los siguientes profesionales del Derecho:

Abogada Margarita del Pilar Vela Vargas, Jueza Tercero de lo Civil; Abogada Julia Beatriz Capetillo Campos y Licenciado Pedro Raymundo Alfaro Gómez, titulares de los Juzgados Segundo y Tercero de lo Familiar, respectivamente; y Abogado Raúl Cano Calderón, Juez Segundo de lo Mercantil, todos del Primer Departamento Judicial del Estado. Los antes citados gozan de un perfil discreto, cierto, lo que a su vez solidifica la entrega que se supone hacen en cuerpo y alma al desempeño en su cargo desde hace varios años.

En la rama Penal, que es donde tengo más conocimiento de causa, considero que los Abogados José Jesús Rivero Patrón y Jorge Andrés Vázquez Juan, titulares de los Juzgados Tercero y Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, respectivamente, gozan de la probada garantía de experiencia, profesionalismo y don de gentes en la judicatura local desde hace décadas, e incluso Rivero Patrón llegó a ser magistrado del tribunal yucateco, por suplencia, durante el lapso de un año en la década de 1990.

Y considerando que Yucatán requiere de tres magistrados y no sólo del sustituto de Prieto Méndez, propongo humildemente a dos jóvenes pero no menos brillantes juristas yucatecos ajenos al Poder Judicial local: Maestro en Derecho Penal Jorge Carlos Herrera Lizcano, y Doctorando en Derecho Jorge Rivero Evia. El primero es titular de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán; ha trabajado en la delegación local de la Procuraduría General de la República y fue durante la gestión de Patricio Patrón Laviada el Director de la Defensoría Pública. Estudioso aferrado del Derecho; joven padre de familia, y catedrático de materias como Amparo de la que posee conocimientos vastos, ha colaborado en la elaboración de leyes como la de justicia para adolescentes, y es uno de los más adentrados en la formación y capacitación de profesionales en mediación y en los juicios orales en materia Penal. Rivero Hevia, por su parte, es también Maestro en Derecho Penal, rama jurídica que constituye su gran pasión y de la que posee un intelecto que lo ha llevado a colaborar con la propia Organización de las Naciones Unidas en la protección de las víctimas del delito. Es desde hace casi una década secretario proyectista de Tribunales Colegiados de Circuito en esta entidad; académico de posgrado; asesor literario jurídico de magistrados federales, entre otras personas y funcionarios; director del área penal del Colegio de Abogados de Yucatán, A.C. y en espera de ser instituido como Doctor en Derecho por su tesis de Derecho Comparado en su vertiente de Derecho Penal Internacional, este también joven y buen esposo y padre de familia es un conocedor y aplicador del Derecho Constitucional, el cual es más que solo el juicio de Amparo, y que constituye la base innegable de todos los tribunales y juzgados de México y el mundo.

CONCLUSIÓN: Entre tanto sainete en la política local y del fervor de las fiestas decembrinas resultaría dañino para Yucatán el que la elección del o de los nuevos magistrados se volviera un trámite más ante el Congreso local. Ojalá los diputados y sobretodo la ciudadanía estemos atentos de que solidifique al Tribunal Superior de Justicia para que su autonomía, independencia y profesionalismo sean un buen regalo para los yucatecos y una confirmación de que sí se quiere hacer de Yucatán el estado más justo del país. Ojalá.

Acerca del autor:

Lic. Francisco José Parra Lara

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